Warsaw Declaration in French and Spanish – Urban Drug Policies Conference

DECLARACIÓN DE VARSOVIA

La Declaración de Varsovia es un informe en el que participan los/las representantes de los gobiernos municipales y nacionales, responsables políticos, fuerzas de seguridad, el conjunto de la sociedad civil, personas usuarias de drogas, proveedores de tratamientos, programas para reducir daños y académicos. Se sustenta en los siete principios fundamentales establecidos en la Declaración de Praga de 2010, que siguió a la primera reunión internacional centrada en el uso de sustancias en el medio ambiente urbano y en el intercambio de las propias experiencias en la aplicación de políticas basadas en la evidencia para mitigar los perjuicios. Esta declaración pretende contribuir de manera significativa a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas que se celebrará en abril de 2016 y al debate más amplio sobre políticas de drogas más allá de este evento.

El consumo ilícito de sustancias representa un reto permanente para la salud pública en el contexto urbano, lo que exige el desarrollo de políticas eficaces y basadas en pruebas. En lo que se refiere a la reducción de los daños, el tratamiento de la dependencia y de la adicción (cuando fuera necesario), así como la prevención y educación sobre los enfoques basados en la aplicación de la ley tienen un enorme potencial para mejorar no solo la vida de las personas consumidoras, sino la salud pública de la sociedad en su conjunto. Al comprender que el entorno urbano actúa como un microcosmos que propicia la expansión del mercado ilícito de drogas, las intervenciones basadas en la evidencia deben ser constantemente sometidas a vigilancia y evaluación para transferir las políticas del ámbito municipal al regional, después al nacional y, finalmente, al internacional.

Los efectos deletéreos que conllevan criminalizar a las personas que consumen drogas y negar intervenciones sanitarias específicas son irrefutables. Esto ha dado lugar a innumerables consecuencias negativas, como la propagación de virus transmitidos por la sangre y otras enfermedades infecciosas o la restricción al acceso de oportunidades laborales y educativas que sufren algunas personas, entre otras. Las políticas que abordan el uso de drogas y que se basan en los derechos humanos, en la evidencia y en la solidaridad, mejoran notablemente la salud pública y garantizan la seguridad de las comunidades.

Retomando la Declaración de Praga, la idea de un mundo libre de drogas es poco realista. El consumo de este tipo de sustancias ha existido en todas las sociedades desde hace milenios y continuará existiendo, con sus aspectos negativos y positivos. La concepción de métodos para reducir al mínimo los efectos adversos del tráfico y consumo de drogas es un enfoque más realista y pragmático.

Nosotros/as, los firmantes de la Declaración de Varsovia, solicitamos lo siguiente:

Los roles y responsabilidades de las agencias gubernamentales locales deben quedar claramente definidos de cara a desarrollar e implementar las políticas y los programas sobre drogas basadas en evidencia a nivel local. Deben celebrarse reuniones periódicas y formales con todos/as los/as responsables locales pertinentes durante todo el proceso de creación de foros específicos y durante las fases de ejecución. Esto garantizará la existencia de alianzas efectivas entre las autoridades locales, los grupos comunitarios y religiosos, los profesionales que trabajan en campos afines, los proveedores de servicios, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas, como las personas consumidoras. El/la encargado/a de coordinar este proceso ha de ser un/a funcionario/a o entidad local con experiencia destacada.
Los distritos locales deben seguir liderando la experimentación con políticas, programas y servicios de drogas innovadores y basados en la evidencia que responden de manera pragmática a las necesidades de la población local. Las experiencias de Frankfurt, Zurich, Lisboa y Vancouver, entre otras ciudades, destacan los enormes beneficios que los programas innovadores —por ejemplo, los centros de reducción de daños— pueden suponer para potenciar una mejora de la salud y la seguridad pública. La innovación en materia de políticas a nivel local, nacional e internacional debe ser comunicada por todas las partes interesadas incluyendo, aunque no exclusivamente, a funcionarios/as locales y agentes de la ley, a proveedores de salud y servicios, a la sociedad civil, a las comunidades afectadas y a la comunidad académica.
La policía y otras agencias de aplicación de la ley no deben centrarse en las personas consumidoras por la simple posesión de pequeñas cantidades de medicamentos destinados al uso personal. Deberían revisarse los indicadores del éxito de la vigilancia policial con el objetivo de eliminar el foco que existe sobre los delincuentes de bajo perfil relacionados con la droga y de mejorar los resultados en cuanto a la salud pública, reconociendo que esto, a su vez, se traduciría en progresos para la seguridad pública. En este sentido, se debería diseñar una guía que regule las acciones de vigilancia de las agencias de aplicación de la ley, así como deberían establecerse mecanismos efectivos de cooperación entre las agencias de aplicación de la ley y los proveedores de servicios sanitarios y sociales. Los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley deben estar adecuadamente capacitados y sensibilizados sobre la mejor manera de responder antes situaciones de consumo de drogas, de drogodependencia y/o de adicción, y estar, asimismo, debidamente informados sobre la disponibilidad de programas de prevención y educación, de servicios de reducción de daños y de servicios sociales dirigidos a consumidores, si se requiriesen.
Se deben adoptar mecanismos a nivel local que salvaguarden los derechos humanos de las personas consumidoras, en particular a través de mecanismos ya funcionales como la oficina del Defensor del Pueblo. Estos derechos incluyen —sin limitarse a— el derecho a una excelente preservación de la salud física y mental, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser objeto de discriminación, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser detenido/a arbitrariamente.
Un amplio abanico de servicios sociales y sanitarios, dentro de los cuales se incluyen programas de reducción de daños, debería estar disponible para abarcar las diferentes características, necesidades, preferencias y circunstancias de las personas consumidoras. El tratamiento se proporcionará bajo permiso estrictamente voluntario, y cualquier iniciativa de prevención debe estar basada en la evidencia. Estos programas deberían desarrollarse de conformidad con los principios de los derechos humanos y los mínimos de calidad exigidos por la UE para la reducción de la demanda. Los gobiernos locales deben combatir enérgicamente el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas afectadas al acceder a los programas sociales y sanitarios, y establecer también mecanismos que aseguren a los individuos el acceso ininterrumpido a estas vías a medida que sus circunstancias cambien. Y no solo se trata de accesibilidad. Los programas deben, además, responder a las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, las mujeres, las minorías étnicas, las personas migrantes, las trabajadoras sexuales y el colectivo LGBTQ. En la tarea que es la difusión de la información se habrá de eludir la aprensión y la estigmatización, y deberá ésta basarse en la dignidad de la persona y utilizar para ello, entre otras iniciativas, la educación cooperativa.
Los municipios deben crear reglamentos y directrices para mejorar la seguridad en el consumo de sustancias en los ambientes nocturnos y en contextos recreativos, y ayudar a fomentar la cooperación entre actores del sector privado, la sociedad civil, las autoridades locales, los mismos consumidores y las fuerzas policiales. Estos reglamentos y directrices deben garantizar que los propietarios de clubes y los organizadores de fiestas locales, festivales y otros eventos puedan ofrecer un paquete integral de servicios para prevenir y reducir los daños y garantizar la seguridad; por ejemplo, control de drogas, intervenciones basadas en pares, información sobre uso más seguro y acceso a agua potable fría. Los propietarios de clubes y los organizadores de eventos deben trabajar para proporcionar formación a los miembros del personal sobre cómo trabajar con personas que consumen drogas en estos entornos.
Los gobiernos municipales deben comprometerse a asignar fondos sostenibles para servicios y programas de reducción de daños, tratamiento, iniciativas de reintegración, programas de prevención y educación sobre drogas basados en evidencia y para la formación de funcionarios/as locales sobre la manera más adecuada de abordar todo lo que se refiere al consumo de drogas. Y dentro de todo lo señalado anteriormente deben incluirse los servicios que trabajan con las comunidades afectadas y las familias de personas consumidoras. Habida cuenta del énfasis que en la actualidad se hace en los enfoques basados en la aplicación de la ley, la financiación debe distribuirse de manera más equilibrada entre la aplicación de la ley y los servicios sociales y sanitarios, y ésta debe ir acompañada de una sólida evaluación de las necesidades. La financiación debe asignarse de manera transparente y previa consulta al conjunto de la sociedad civil.
Los municipios deben trabajar para sensibilizar y educar a las comunidades locales a fin de reducir el estigma y la discriminación contra las personas consumidoras e informarles de los beneficios sociales de los programas de reducción de daños y del tratamiento para los/as usuarios/as de drogas basado en la evidencia. También deben proporcionarse foros que promuevan el diálogo entre los proveedores de servicios, los vecindarios, los grupos encargados del cumplimiento legal y los grupos afectados a fin de hacer frente a posibles conflictos.
Las localidades deben establecer mecanismos para el monitoreo y evaluación de todas las políticas, servicios y programas locales relacionados con las drogas. De esta tarea debería encargarse un grupo de control independiente integrado por expertos que trabajen en asociación con la sociedad civil, grupos afectados y con el mundo académico. La evaluación debe tener en cuenta el contexto local y el impacto que estas políticas han tenido en la salud pública, los derechos humanos y la seguridad pública, entre otros. El seguimiento y la evaluación deben formar parte integrante de los planes presupuestarios de los municipios.
Deberían establecerse alianzas y redes sistemáticas entre las municipalidades a nivel regional, nacional e internacional para facilitar un intercambio de las políticas y prácticas basadas en la evidencia con mejores resultados en materia de drogas.

Déclaration de Varsovie

La Déclaration de Varsovie par des représentants d’administrations municipales et de gouvernements nationaux, des décideurs, des membres des forces de l’ordre, de la société civile, des personnes qui utilisent des médicaments, qui œuvrent à la réduction des méfaits et à la fourniture de traitements, et des universitaires. Elle s’articule autour des sept principes clés contenus dans la Déclaration de Prague de 2010, faite à l’issu de la première rencontre internationale relative à l’utilisation de substances en milieu urbain et à l’échange d’expériences sur la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes afin de mieux atténuer leurs méfaits. Cette déclaration vise à contribuer de manière significative à Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGASS) sur la drogue tenue avril 2016 en particulier, ainsi qu’au débat sur la politique de contrôle mondiale de drogues au-delà de cet événement en général.

La consommation de drogues illicites représente en effet un problème de santé publique permanent dans un contexte urbain qui nécessite l’élaboration de politiques basées sur des preuves efficaces. Mettre l’accent sur la réduction des méfaits, le traitement de la toxicomanie et de la dépendance, le cas échéant, la prévention et la sensibilisation sur l’utilisation des drogues, contrairement aux approches axées sur l’application des lois peut s’avérer plus efficace. Cette approche a en effet le potentiel énorme d’améliorer non seulement la vie des personnes qui consomment des drogues, mais apporte aussi une solution à ce problème de santé publique pour la société dans son ensemble. En reconnaissance du fait que les milieux urbains sont de véritable microcosme du vaste marché mondial des drogues illicites, des interventions comme celles basées sur des preuves ont besoin d’un suivi et d’une évaluation continus afin de mieux informer les prises de décisions aux niveaux municipal, régional, national et international.

Le fait de prendre les personnes qui se droguent pour des criminels a des effets dévastateurs. Par ailleurs, le refus des interventions médicales ciblées est non seulement irréfutable, mais a aussi entraîné d’innombrables conséquences négatives dont la propagation de virus transmissibles par voie sanguine et d’autres maladies infectieuses, ainsi que la restriction à certaines de l’accès aux possibilités d’emploi et à l’éducation entre autres. Les politiques de lutte contre l’utilisation des drogues qui se basent sur les droits de l’homme, les preuves et la compassion améliorent considérablement la santé publique et garantissent une sécurité aux communautés.

Pour réitérer la Déclaration de Prague, un monde sans drogue est irréalisable comme concept. L’utilisation de la drogue existe depuis des millénaires dans les sociétés et elle entend le rester, avec ses aspects négatifs et positifs. Cependant, concevoir des voies et moyens pour atténuer les effets néfastes du trafic et de l’utilisation de drogue est plutôt une approche plus réaliste et pragmatique.

Nous, signataires de la Déclaration de Varsovie, appelons ainsi aux éléments suivants:

à une définition claire des rôles et des responsabilités de chaque agence municipale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes sur les drogues basées sur des preuves au niveau local. à des consultations régulières et formelles qui devraient s’organiser avec tous les acteurs locaux pertinents tout au long du développement de forums spécifiques et des phases de mise en œuvre. Ceci garantira en effet l’existence de partenariats effectifs entre les autorités locales, les groupes communautaires et confessionnels, les professionnels qui travaillent dans des domaines connexes, les prestataires de services, les organisations de la société civile et les communautés affectées telles que les personnes qui consomment des drogues. Un responsable local ou un organisme ayant une expérience pertinente devrait se charger de coordonner ce processus.
Pour ce qui est des municipalités, elles devraient rester le fer de lance de l’expérimentation de politiques, programmes et services innovants basés sur des preuves, et qui répondent de manière pragmatique aux besoins de la population locale. Des expériences comme celles de Francfort, de Zurich, de Lisbonne et de Vancouver, entre autres, témoignent des énormes avantages que les programmes innovants – par exemple, les centres de réduction des méfaits – peuvent apporter à la santé publique et à la sécurité publique en général. L’introduction de politiques innovantes au niveau local, national et international devrait être informée par tous les acteurs pertinents, incluant et sans toutefois s’y limiter, les autorités locales et les forces de maintien de l’ordre, les prestataires de services et des services de santé, la société civile, les communautés affectées et les universitaires.
La police et d’autres organes de maintien de l’ordre ne devraient pas cibler les personnes qui consomment de la drogue pour une simple possession de petites quantités de drogue destinée à un usage personnel. Ainsi, une révision des indicateurs du bon fonctionnement du maintien de l’ordre est requise afin de réduire la priorité du système de maintien de l’ordre axé sur les petits délinquants. Cela va en effet améliorer les répercussions sur la santé publique et entraînera ipso facto une amélioration de la sécurité publique. Cette révision devrait être clairement définie à travers l’élaboration de lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de maintien de l’ordre à l’endroit des forces de maintien de l’ordre et des mécanismes de coopération effectifs entre ces dernières et les prestataires de services sociaux et de santé. Les agents de maintien de l’ordre doivent recevoir une formation et une sensibilisation adaptées à la meilleure façon de répondre à l’usage et/ou à la dépendance à la drogue et à la toxicomanie. Ils doivent par ailleurs avoir la bonne information sur la disponibilité des programmes de prévention et d’éducation, des services de réduction des méfaits, des traitement et des services sociaux pour les personnes qui utilisent des drogues, le cas échéant.
De surcroît, des mécanismes devraient être mis en place au niveau local pour protéger les droits de l’homme des personnes qui consomment de la drogue, notamment par le biais de mécanismes existants tels que le bureau de l’ombudsman. Ces droits incluent sans toutefois s’y limiter, le droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale, le droit à la vie privée, le droit d’être libre de toute discrimination, le droit de ne pas subir de torture, le droit à un procès équitable, Et le droit de ne pas être arbitrairement détenu.
Un menu polyvalent de services sociaux et de santé – dans lequel sont inclus des programmes de réduction des méfaits – devrait être disponible pour répondre aux caractéristiques, aux besoins, aux préférences et aux circonstances des personnes qui utilisent des drogues au cas par cas. Le traitement doit être strictement effectué sur une base volontaire, et toute initiative de prévention doit être basée sur des preuves. Ces programmes devraient être conçus conformément aux principes des droits de l’homme et dans le respect des normes de qualité minimales de l’UE pour la réduction de la demande. Les autorités municipales devraient mener une lutte effective contre la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes qui consomment de la drogue lorsqu’elles participent à des programmes sociaux et de santé. Des mécanismes devraient aussi être mis au point pour que ces personnes aient un accès ininterrompu à de différents services au fur et à mesure que leur situation change. En plus d’être accessibles, ces programmes devraient) être taillés en fonction des besoins spécifiques de chaque tranche d’âge, des femmes, des minorités ethniques, des migrants, des travailleurs du sexe et des personnes issues de la communauté LGBTQ. Lors de la transmission des informations, il est important d’éviter de stigmatiser et de faire un marketing de la peur. Par contre, le respect de la dignité des personnes et entre autres initiatives l’éducation par les pairs peuvent s’avérer des moyens utiles.
Les municipalités devraient établir des réglementations et des lignes directrices pour améliorer la sécurité liée à la consommation des drogues dans les lieux de vie nocturne. Elles doivent par ailleurs encourager la coopération entre les acteurs du secteur privé, la société civile, les autorités locales, les personnes qui consomment des drogues et la police. Ces règlements et lignes directrices devraient garantir que les propriétaires de clubs et les organisateurs de fêtes locales, de festivals et autres événements sont en mesure d’offrir un ensemble de mesures complètes visant à prévenir et à réduire les méfaits et à garantir la sécurité ; par exemple, le contrôle des drogues, les interventions par les pairs, les informations sur une utilisation plus sûre et l’accès à de l’eau potable froide. Les propriétaires de clubs et les organisateurs d’événements devraient travailler à fournir des formations aux membres du personnel concernés sur la façon de travailler avec des personnes qui consomment des drogues dans ces contextes.
Les gouvernements municipaux doivent s’engager à allouer un financement durable aux services et aux programmes de réduction des méfaits, aux traitements, aux initiatives de réinsertion sociale, aux programmes de prévention et de sensibilisation sur l’utilisation des drogues, ainsi qu’à la formation des fonctionnaires locaux sur les meilleures pratiques en ce qui concerne l’utilisation de la drogue. Intégré au volet susmentionné devrait être des services qui accompagnent les communautés touchées et les familles de personnes qui consomment des drogues. Par égard aux approches actuelles qui mettent un accent sur le maintien de l’ordre, ces financements devraient être répartis plus équitablement entre les services de maintien de l’ordre et les services sociaux et de santé tout en s’appuyant sur une évaluation approfondie des besoins. Ce financement devrait être alloué de manière transparente et en consultation avec la société civile.
Les municipalités doivent œuvrer à sensibiliser et à éduquer les communautés locales en vue de réduire la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes qui consomment des drogues afin de les informer des avantages sociétaux des programmes de réduction des méfaits et du traitement médicamenteux fondé sur des données probantes. Des forums doivent également être fournis afin de promouvoir le dialogue entre les prestataires de services, les quartiers, les forces de maintien de l’ordre et les groupes concernés afin de résoudre tout conflit potentiel.
Les municipalités devraient établir des mécanismes pour le suivi et l’évaluation de toutes les politiques, de tous les services et de tous les programmes locaux en rapport avec les drogues. Cela doit se faire par un groupe de suivi indépendant composé d’experts travaillant en consultation avec la société civile, les groupes concernés et en partenariat avec le milieu universitaire. L’évaluation devrait tenir compte du contexte local et de l’impact de ces politiques sur la santé publique, les droits de l’homme et la sécurité publique, entre autres. Le suivi et évaluation devraient constituer une partie intégrante des plans budgétaires des municipalités.
Des partenariats et des réseaux systématiques doivent être établis entre les municipalités au niveau régional, national et international pour faciliter les échanges d’expériences et le partage des meilleures pratiques et des politiques efficaces sur les drogues et qui s’appuient sur des données probantes.